En todo el mundo se han vendido unas 400.000 prótesis defectuosas fabricadas por la compañía francesa Poly Implant Prothèse (PIP), sobre todo en Reino Unido, Francia, España y Alemania. Sin embargo, se desconoce el número exacto de mujeres que los llevan.
Error del sistema de regulación
En una resolución adoptada a mano alzada, los diputados aseguran que el caso PIP "ha puesto de manifiesto la existencia de disfunciones a escala europea y nacional, en particular una falta de cooperación entre los Estados miembros y la comunidad internacional en materia de intercambio de información y de notificación de efectos secundarios y una falta de trazabilidad del material utilizado para los productos sanitarios". La legislación europea sobre este asunto debe ser revisada este mismo año.

Sistema de autorización
Los diputados piden a la Comisión Europea que introduzca un sistema de autorización para ciertos productos médicos -entre ellos los implantes mamarios- previo a su comercialización.

Pasaporte y registros
El PE reclama la creación de un "pasaporte" para las personas con prótesis mamarias en el que se registren las características específicas y los posibles efectos secundarios, así como de un registro de prótesis en cada Estado miembro. El texto señala, sin embargo, que la inclusión de datos personales debe contar con el consentimiento del paciente.

Según la resolución, estos registros deberían estar conectados entre ellos para permitir el intercambio de información en caso de necesidad, por ejemplo, si se detectan productos defectuosos. Por otra parte, el Parlamento pide que se ponga en marcha un sistema de reparación colectiva para que los pacientes puedan ser compensados.

Control del mercado
Los diputados abogan por aumentar el número de controles e inspecciones, así como por un mayor intercambio de información sobre efectos negativos, con el fin de mejorar la trazabilidad de estos productos. Los pacientes también deben conocer los riesgos que conllevan los implantes, según la resolución.

Base de datos europea
La Eurocámara pide establecer una única base de datos que reúna "las informaciones relativas a los productos sanitarios disponibles en el mercado, al registro de las operaciones económicas, a la vigilancia y la supervisión del mercado, a las investigaciones clínicas, a los organismos notificados y a los certificados" de cumplimiento con la normativa comunitaria.