La mujer que sufrió la rotura de una prótesis mamaria de PIP y que tiene que ser indemnizada por un cirujano plástico y una clínica de estética de Madrid está satisfecha con la sentencia tras el "calvario" que ha pasado y anima a todas las afectadas a denunciar si no solucionan sus problemas.

Mari Mar, de 45 años, ha mostrado su "alegría" por esta resolución que le da la razón, pero ha mostrado su disconformidad con la indemnización, casi 7.500 euros, que ha considerado "muy baja para todos los gastos y daños morales" que le ha supuesto la rotura de una de sus prótesis mamaria de PIP, que le fueron implantadas sin la suficiente información.

"Que el juez diga que 500 euros cubre los daños morales, me parece patético", señala esta mujer, que dice que no quiere mostrar su rostro ante los medios de comunicación "por privacidad".

"Pero bueno, gracias a Dios la hemos ganado, por lo menos nos han dado la razón porque he pasado un calvario. Fueron dos operaciones, luego la tercera; fue una operación urgente y yo no me quería operar por los mismos cirujanos y además no todos los cirujanos se querían hacer cargo de arreglar este problema", comenta la afectada.

Y sigue dando gracias a lo divino porque conoció al cirujano que ha conseguido solucionarle el problema: "Antonio Porcuna", repite en varias ocasiones, porque, dice, "es el mejor".

Mari mar asegura que se vio "sola con este problema", que ha conseguido solventar en los tribunales y por ello se ha sumado a la lucha que mantienen otras afectadas.

"Cuando me he enterado de que hoy en día son 15.000 mujeres en España con este problema, más las que hay fuera del país, es que me pongo en el lugar de todas ellas. Yo lo viví sola, yo doy gracias a Dios por tenerlo solucionado", insiste.

Por eso las anima a que denuncien si es preciso: "Que si las clínicas se hacen responsables del tema -comenta- pues vale, pero si no, pues que los demanden, que les hagan un cambio de prótesis por una prótesis como Dios manda y las dejen bien porque la salud no tiene precio y si no se hacen cargo de esta situación que los lleven a los Juzgados".

"Se quieren lavar las manos y no puede ser así, tanto por parte de los fabricantes como de los médicos que las han implantado, porque implantaron prótesis de menor calidad para ganar dinero y sacar las mayores ganancias", denuncia.

El abogado de Mari mar, Antonio Navarro, también ha mostrado su satisfacción por la sentencia porque su defendida "lo ha pasado muy mal y porque además es la primera sentencia en la que dan la razón a una señora por el tema del consentimiento informado".

Se trata de una resolución, que en su opinión, "abre un camino para la reclamación" cuando el médico y la clínica que las han utilizado no han dado la suficiente información sobre las prótesis y sus riesgos.

Las portadoras de las PIP opinan
La asociación de afectadas por las prótesis mamarias PIP ha valorado la sentencia que condena a un cirujano plástico y a una clínica de estética de Madrid a indemnizar a una mujer que sufrió la rotura de su implante, ya que "se empieza a hacer justicia".

Así lo ha manifestado la presidenta de esta asociación, Eva Giménez, quien ha precisado, no obstante, que el sistema falló y ha asegurado que "responsable es desde la persona que fabricó la prótesis hasta la persona que la introdujo en nuestro cuerpo".

Giménez ha pedido no olvidar que "se ha hecho un atentado contra la salud de las afectadas" y ha señalado que el cirujano condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid, el doctor D.T.L,, "no es el único responsable".

"Hay muchos más responsables", ha insistido la presidenta de esta asociación, que hasta este momento representa a más de 600 afectadas.

Respecto a si considera justo el fallo, que condena al médico y a la clínica a indemnizar con 7.455 euros a la mujer, ha señalado que "hay afectadas que después de siete operaciones ni pagándoles una millonada se puede paliar el daño causado".

"No hablamos de dinero. Con la salud no se juega", ha precisado Giménez, quien ha considerado que "somos cobayas y el tiempo dirá".

La presidenta de la asociación ha pedido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a los cirujanos que se hagan cargo de las afectadas, pues "hay casos graves" de mujeres que su situación económica no les permite someterse a otra operación.

En este sentido, las afectadas han pedido que se les incluya en un protocolo de vigilancia, "porque el Estado permitió esto y nosotras no tenemos por qué pagar una prueba cada año para saber si ese gel industrial que nos han metido en el cuerpo nos afecta a la salud".